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La diferencia de partido generalmente divide menos a los políticos de lo que los une la identidad de profesión. (Bertrand Russell)
Se me antoja que la tarea de impartir justicia es una de las más difíciles actividades que puede ejecutar un ser humano. (Fernando Irurzun Montero, abogado del Estado)
La Justicia y la Acción Política son dos realidades sociales del ordenamiento público de toda sociedad. Simultáneas en el tiempo y el espacio, son estables e independientes entre sí. Ahora bien, el par simultaneidad y autonomía genera problemas teóricos y prácticos intrincados que han de resolverse bien para evitar tensiones malignas y no poco malestar en la población. Ambas realidades, en virtud de la historicidad humana, experimentan formas diversas y cambiantes, pues sus protagonistas viven variando y cambiando permanentemente. Esto significa que, en el mundo abierto, dinámico y cambiante en el que vivimos, las personas y las instituciones han de acomodarse a la evolución histórica que experimenta la sociedad en la que se vive. Por tanto, legisladores y jueces, y demás funcionarios públicos han de estar a punto con la hora histórica y así sintonizar con los deseos, necesidades y expectativas del conjunto social moldeado por unas determinadas circunstancias.
Dicho esto, enseguida hay que añadir que tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia son dos extremismos nefandos que producen disfunciones que desgracian la marcha general de la población. Un maleficio este del que son responsables especialmente los políticos profesionales, tanto si son conservadores como progresistas, neoliberales o socialdemócratas. Lo son sobre todo aquellos que se identifican en exceso con una ideología y se rigen obedeciendo más a las consignas de unos partidos políticos que a la doctrina del Derecho y a la filosofía básica de la res política.
Hablamos de dos realidades humanas en intrínseca tensión a partir de la naturaleza propia de la una y de la otra; al ser dos funciones diferentes dentro de una misma población que convive sometiendo sus diferencias a leyes reguladoras de cuyo cumplimiento se hacen cargo, con ayuda del poder ejecutivo, los jueces del país, los cuales, a su vez, han de ajustarse a la legislación establecida por el Parlamento nacional.
Refiriéndonos a la España actual, la acción política se realiza democráticamente dentro de un ordenamiento institucional público que impone un absoluto respeto a los valores cívicos a los que han de ajustarse todos los ciudadanos, desde la gente de a pie hasta la Jefatura del Estado. Obviamente, también los jueces. Estos últimos, sostenidos y guiados por la legislación vigente, asumen el trabajo de ponderar y juzgar si unos determinados comportamientos son legales o, por el contrario, anómalos y delictivos. Son los jueces, y solo los jueces, los que juzgan y dictan sentencias sobre los hechos conflictivos indicando así cómo han de comportarse los ciudadanos respetándose entre sí, sin agredirse ni lesionarse y sin perjudicar los bienes de todo tipo que unos y otros tienen en propiedad y en uso ordinario y tranquilo. En la sociedad democrática todo el mundo sabe que las leyes señalan y dictan derechos y deberes y que su referencia esencial no es otra que el valor supremo de la Justicia, fuente de cuantas normas de comportamiento se da a sí misma la comunidad.
En la sociedad democrática, el juez nunca es un cargo político, si bien, como los demás ciudadanos, tiene su ideología, su mentalidad, sus creencias y sus amistades personales. En España la marcha de la legalidad civil y la administración pública de la justicia se insertan en las altas instituciones del Estado tales como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. En cuanto a los ciudadanos enjuiciados, disponen de una serie de tribunales a los que sucesivamente pueden acudir hasta llegar, finalmente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La judicialización de la política como la politización de la justicia desgracian la marcha general de la población
En la profesión judicial y en las altas instituciones del Estado, como en todo en lo que hay humanos, pueden aparecer síntomas de anquilosamiento, endogamia, nepotismo e ideologización, de modo que también la poderosa maquinaria de la administración de la justicia puede tener un funcionamiento más o menos disfuncional. Tampoco hay que descartar que aparezcan tentativas de parte de los políticos oficiales tratando de influir, incluso de forzar las cosas, para conseguir que la mencionada administración favorezca los intereses de determinadas personas, o de grupos de clase, o de ideología. De hecho, los partidos políticos tienen la tentación, que no siempre vencen, de intervenir, por ejemplo, en el nombramiento para el puesto de tal juez y de tal fiscal, tratando así de imprimir un determinado sesgo favorable a una determinada familia política, a unos individuos y no a otros. Puede, por tanto, darse algo tan deleznable como que la práctica judicial se escore hacia un lado u otro, con el consiguiente desprestigio para el Estado de la Nación en la que tal praxis existe, además de hacer que la máquina jurídica oficial chirríe y aparezcan perturbaciones sociales sumamente nocivas para la convivencia de cada día.
A nadie se le oculta que la eventual injerencia de los partidos políticos en el campo de la justicia lleva la inconfesable intención de beneficiarse quizás los propios políticos o bien favorecer al partido con el que personalmente simpatizan. La injerencia es efectiva si el partido que se entromete es mayoritario, pues, si el número de escaños que un partido ocupa en el escenario parlamentario es pequeño, su peso es insignificante. Esto significa que, si los intereses partidistas prevalecen a la hora de nombrar a personas correligionarias precisamente por serlo, surge la sospecha de que la misma actividad judicial podría quedar tocada por la mentalidad de unos magistrados afín a la de los políticos manipuladores.
Afortunadamente, la opinión pública no tarda en darse cuenta de qué mentalidad política es el fiscal que vigila la marcha del proceso judicial y de qué signo es el juez que dicta la sentencia final. Dicha opinión pública llega a prever que el resultado último de tal o cual proceso judicial puede tener cierto color político a partir de la fisonomía ideológica que ostenta el tribunal que juzga. Es como lógico, pues, dada la importancia que tiene el número de votos que toman la decisión final, la tentación de intervenir para contar con amigos en el engranaje del sistema sea difícil de vencer. O sea que, aun habiendo en los tribunales de justicia jueces de distinta ideología, lo probable es que el número mayoritario dará muestras de una benevolencia más o menos sesgada por la eventual tendencia conservadora o progresista presente en el tribunal que juzga y sentencia. Sin llegar a la estricta prevaricación, el sesgo puede ocurrir si es que el sentido jurídico de quienes juzgan se mueve, si no por la visceralidad, si por la ideología, la simpatía partidista o por la amistad. Digamos, sin embargo, que, si es una suerte impagable contar en el país con innumerables magistrados intachables que dejan ver su admirable autodominio, su fría subjetividad y su rigurosa ecuanimidad, hay que admitir, sin que nadie tenga que ofenderse por ello, que, aun dándose una extraordinaria competencia intelectual, las afinidades personales de mentalidad, creencia y de amistad pesan lo suyo y funcionan de hecho. Sin duda, por la puerta de las afinidades y de los “poderosos intereses privados” (Irurzun Montero), sobreviene el riesgo de escorarse también cuando se trabaja en el campo de la justicia. Aun tratándose de togados competentes y honestos, existe la posibilidad de que se resienta su imparcialidad, ya que el pondus de la subjetividad hace su papel en el campo de la justicia como en demás órdenes de la actividad humana.
En la España democrática hay hechos incontestables de una evidente politización de la justicia
Siendo así las cosas, no es preciso ser extraordinariamente agudo ni ser muy astuto y suspicaz para descubrir que hay políticos que no quieren exponerse a los riesgos que podría ocasionar el que unos vocales o miembros de ciertas instancias del Estado sean reemplazados por unos nuevos profesionales que pudieran no ser afines ni favorables. Así se explica que, por ejemplo, haya maniobras para bloquear el nombramiento de nuevos miembros en el CSPJ y en el TC, con el propósito de lograr que las imputaciones y los procesos pendientes no terminen en desastre.
Digámoslo sin ambages, en la España democrática hay hechos incontestables de una evidente politización de la justicia a partir de la fuerte adscripción política de algunos magistrados que integran las altas instancias jurídicas del Estado. Vemos lo que está pasando cuando se trata de nombrar a quienes forman parte de tan decisorios organismos. No hay que sorprenderse, por tanto, de que se hable de manipulación y de sesgo político en el seno de algunas de estas instituciones, incluidas las de carácter jurídico. A nadie se le oculta que se trata de una situación tensa que perjudica al propio Estado y pone en peligro el hecho democrático en sí, al tiempo que perturba la eficiencia y la tranquila bonanza en la convivencia cotidiana. Por esto mismo, se alza un clamor crítico sobre lo que está ocurriendo que ni políticos ni magistrados deben desoír, si es que se quiere estar entre las sociedades mejor organizadas del mundo.
Frente a la injerencia para influir en la mente y en la voluntad de quienes tienen el deber tanto de gobernar en general como de juzgar objetiva, ética y operativamente con escrupulosa fidelidad al espíritu de las leyes, la opinión pública y otras fuerzas presentes en el entramado sociopolítico del país, no cejan de denunciar las maniobras torticeras de quienes quieren apropiarse del orden social y del transcendental bien de la justicia que no es de nadie en particular sino de todos. Por suerte, gran parte de la ciudadanía, consciente de que nadie le puede arrebatar su papel crítico, denuncia las desgraciadas prácticas de quienes torpedean la buena marcha de los organismos del Estado. Esto significa que los estamentos políticos y administrativos no se hundirán en la corrupción, no solo porque los cargos profesionales son competentes y honestos, sino porque también existe una ciudadanía intransigente con todo lo que sea disfuncional.
Deseamos, pues, que las críticas a la aviesa politización de la justicia sean oídas, al tiempo que reprobamos los llamados juicios paralelos y el que se inventen malévolamente intenciones torcidas donde no las hay. Exigimos que la norma constitucional sobre la renovación de cargos se cumpla sin dilaciones, pues una tardanza de años como la actual viene a confirmar que no se trata de mera negligencia ni de un error sin más. Por desgracia, los retrasos producidos en renovar las instituciones son absolutamente anómalos y dan pie a que en no pocos mentideros se comente que la renovación prescrita por el texto constitucional se viene demorando durante años porque se teme que el signo conservador de algunos magistrados actuales podría cambiar si hay renovación de cargos. Según parece, no otro es el motivo por el que el partido que está metido en pleitos de vergonzante corrupción no quiere exponerse a que el relevo ponga magistrados con ideología contraria que no le sean favorables. Al avizorar el primer partido de la oposición que en los pleitos que le esperan puede ser condenado, trata de alargar el statu quo creyendo que así arriesga menos, si es que no confía incluso que sus imputados, que son muchos, sean exonerados de la supuesta culpabilidad.
Una cosa más: para que nada de lo ocurrido vuelva a pasar, el Parlamento ha de prescribir con el máximo rigor las normas a las que han de someterse las instituciones públicas, sin dispensa ni excepción ni justificación de ningún tipo en contra. Se han de fijar bien los principios para que sobre todo las altas instituciones del Estado nunca puedan declinar sus obligaciones. Porque burlar e incumplir lo establecido no tiene justificación posible para nadie, y menos para los organismos estatales. Lo que está claro es que los incumplimientos por parte de las instituciones oficiales de alto rango hacen que no solo nos avergoncemos de la organización social que tenemos en el país, sino que las cosas de la vida pública, y no pública, no vayan tan bien como pudieran ir.
