La historia reciente ha agravado más, si cabe, la desastrosa herencia de la colonización española. Un tortuoso camino de levantamientos y represiones la condujo, a finales del siglo XIX, a una dependencia casi absoluta de los capitales norteamericanos, dueños de las infraestructuras fundamentales, pero sobre todo de grandes extensiones de tierra propiedad de la United Fruit. A mediados del siglo XX los gobiernos de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz intentaron recuperar la autonomía económica y establecer la democracia y la justicia a través de una tímida reforma agraria, y en concreto poniendo límites al monopolio de la United Fruit. Eran los aires que soplaban con mayor o menor intensidad en casi todos los países del continente. Pero EEUU abortó todos estos intentos con invasiones militares o con golpes de Estado preparados y financiados por la CIA. Así se derrocó a Arbenz en 1954, con la intervención de John Foster Dulles, Secretario de Estado y accionista de la United Fruit,. EEUU impuso un gobierno militar bajo su control que ordenó de inmediato la devolución a la compañía de las tierras confiscadas por la reforma agraria.
Desde entones los gobiernos han sido directamente dictaduras militares de ultraderechas que se han caracterizado por una sangrienta persecución de las comunidades indígenas. Los organismos de Derechos Humanos cifran que entre 1954 y 1982 la represión se cobró unas 80.000 víctimas.
En este clima surgió el movimiento revolucionario armado: en 1962 nacieron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), en 1975 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), en 1979 la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y en 1982 la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El 31 de enero de 1980 un grupo de indígenas y estudiantes ocuparon la embajada de España para llamar la atención internacional sobre los abusos e impunidad del ejército contra las comunidades. El ejército lanzó granadas de fósforo y los ocupantes murieron abrasado. El presidente, general Romero Lucas García, fue depuesto poco después por otro golpe de estado protagonizado por Efraïm Ríos Montt al considerarle excesivamente blando ante el auge revolucionario.
Siguiendo la política del Departamento de Estado norteamericano Ríos Montt impuso el etnocidio y genocidio, la política de tierra arrasada como estrategia de contrainsurgencia. En el primer año de su gobierno fueron asesinados más de 15.000 indígenas, casi 100.000 buscaron refugio en los países vecinos y unos 500.000 se internaron a vivir en las montañas.
En 1988 la conferencia episcopal de Guatemala creó la “Comisión Nacional de Reconciliación” bajo la presidencia del obispo Juan Gerardi. Ésta elaboró el informe “Recuperación de la Memoria Histórica” (REMHI), que en cinco volúmenes describe la violencia, las torturas y asesinatos sistemáticos y planificados, el terror como arma de guerra, señalando a la cúpula militar como responsable. El informe fue presentado el 24 de abril de 1998. Dos días después, la noche del 26 de abril el obispo fue asesinado. El gobierno intentó desviar la atención respecto de la autoría el crimen, pero todo apunta a la misma cúpula militar, todavía hoy en el poder.
Finalmente, después de muchos intentos fallidos, de 36 años de guerra y de casi 200.000 muertos, en 1996 el gobierno de Álvaro Arzú firmó con la URNG los Acuerdos de Paz. Sin embargo, hoy se reconoce que 18 años después pocos avances se han logrado en la mejora de la población.
Segunda colonización y el modelo neoliberal
EA partir de los noventa, el nuevo ciclo económico, la apertura de mercados, privatización, desregulación, internacionalización de empresas y capitales, hizo posible un amplio desembarco de las transnacionales. Fueron sobre todo las transnacionales españolas, especialmente de servicios (energía, financieras y comunicaciones), que en aquél momento podían y necesitaban expandirse, las que se implantaron con mayor rapidez impulsando grandes proyectos mineros, de represas y transporte de energía provocaron rápidamente el rechazo de la población indígena.
El incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado, los desalojos de los indígenas de sus tierras debido a los megaproyectos y al modelo de agricultura industrial y el poco respeto por el derecho a decidir de los pueblos indígenas reconocidos en los Acuerdos de Paz, es la causa del actual aumento de los conflictos en el mundo rural. A esto se añade ante la voluntad de dominio de las élites sobre la totalidad de los espacios vitales de las comunidades: los bosques, los lagos, los ríos. La misma élite que roba y criminaliza a los indígenas, les acusa de delincuentes por sus protestas. La persecución política, represión y calumnias de defensores de derechos humanos, especialmente vinculados a la defensa del territorio, ha aumentado en los dos últimos años con el actual presidente, el General Otto Pérez Molina.
En marzo del 2013 Otto Pérez Molina visitó España. El objetivo era pedir más inversión de las transnacionales españolas, garantizando la seguridad de las inversiones. Lo que necesariamente se traduce en violencia contra los indígenas porque no hay otra forma de asegurar las inversiones que imponer a la fuerza los proyectos, a los que la población se opone de forma legítima. No fue de extrañar que en las calles de Madrid fuera recibido con una enorme pitada balo los gritos de asesino y genocida.
Lo que ocurre en Guatemala respecto de las transnacionales españolas es el preludio de los acuerdos del Tratado Comercial actualmente en negociación entre Europa y Estados Unidos, el TTIP: todo el poder para la transnacional. El acuerdo supone que el gobierno debe ser su servidor y el ejecutor de su imposición frente a la población.