A. La palabra hambre está prohibida en el lenguaje políticamente correcto, en la creencia que evitando la palabra se oculta la realidad; una situación de pobreza que lleva a las familias a la penuria extrema de tener que depender de la caridad, cuando falla la justicia. Y cuando la realidad estalla a la cara de los políticos con mando en plaza, ésta se minimiza como una situación puntual que ya está suficientemente atendida por las organizaciones de caridad.
B. Madrid, junto con Atenas y Lisboa, son las capitales de la pobreza en Europa. La voz de alarma ya está dada, la sociedad está demostrando que es sensible ante el problema, pero las instituciones callan. Hoy los comedores sociales madrileños están desbordados, a la vez que se vacían los comedores escolares; el reparto de alimentos está a la orden del día, pero no consiguen ofrecer una respuesta adecuada, ni en cobertura a todos los que lo necesitan, ni en regularidad del abastecimiento, ni en cantidad y calidad suficiente, ni en dignidad para los afectados. No hay más que visitar los centros parroquiales a lo largo y ancho de la ciudad y de la Comunidad Autónoma donde se agolpan semanal o mensualmente hombres y sobre todo mujeres con una bolsa para llevar algo a casa. Su vergüenza es una vergüenza colectiva, un castigo más al proceso de empobrecimiento causado por la crisis en primer lugar, pero agravado por la ausencia de mecanismos de justicia distributiva. De no variar la situación actual, lo que no va a ocurrir mientras sigan aumentando los parados que pierden sus prestaciones, el reparto de alimentos se hace crónico, como saben y reconocen los principales actores del reparto: Banco de Alimentos, Caritas y Cruz Roja.
C. La sociedad está respondiendo solidariamente, son cientos los voluntarios que atienden los comedores sociales y centros de reparto. Son miles los madrileños que atienden las llamadas a la solidaridad entregando su kilo de comida a las organizaciones filantrópicas o a las demandas de activistas que sensibles al problema recogen alimentos en sus barrios. Esta solidaridad vital, espontánea, no debe servir de excusa para no abordar el tema central, ni mucho menos para acostumbrar a la administración a la privatización de la ayuda.
D. Pues lo que está en juego es el derecho a la alimentación, un derecho avalado por tratados internacionales firmados por este gobierno, entre cuyas obligaciones se cita, “Cumplir el derecho a la alimentación de forma directa cuando existan individuos o grupos incapaces, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a la alimentación adecuada por los medios a su alcance.” Un derecho que es sobre todo un derecho social, al mismo nivel que el derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda o al empleo. Un derecho que cómo han señalado organizaciones y movimientos globales, se garantiza con la estrategia de soberanía alimentaria, que centra su atención en la producción para las necesidades y no para el máximo beneficio.
E. El poder político ha abjurado, una vez más, de sus obligaciones en el contrato social con los ciudadanos, poniéndose al servicio de las grandes corporaciones, incumpliendo tratados internacionales, y traspasando toda su responsabilidad pública a la caridad privada. Utilizando los fondos públicos europeos para la compra de alimentos a favor de las grandes corporaciones agrolimentarias, en detrimento de los pequeños productores, y prefiriendo que sea la industria agroalimentaria la que asuma la gran donación de alimentos, según sus intereses comerciales y sus desgravaciones fiscales. De esta manera los supuestos benefactores son los primeros beneficiarios, y el palo en la rueda del derecho a la alimentación.
F. Solo el empleo y los sueldos justos junto con la reivindicación de la renta básica – lo que supone un cambio drástico en el sistema económico- eliminará la pobreza que obliga a tantos y tantas a depender del reparto de alimentos. Pero ante la inexistencia de voluntad política esto no va a ser así en demasiado tiempo; por ello se hace imprescindible asumir la necesidad de distribuir alimentos, y esta misma necesidad nos obliga a levantar la voz exigiendo que se tomen medidas que siendo de muy bajo coste aliviarían mucho la situación de las familias y alejarían definitivamente el riesgo de desnutrición infantil.
G. Reconociendo el importante papel que hasta ahora han jugado las organizaciones filantrópicas civiles o religiosas, y los activistas populares que trabajan en comités locales solidarios, llamamos a todos los actores, como parte interesada, a la defensa activa del derecho a la alimentación, evitando convertirse en sustitutos del sector público. A la que vez que afirmamos que los Ayuntamiento son las instituciones idóneas para organizar la distribución y el acceso de los alimentos como un servicio público, acorde con el conjunto de sus propios servicios asistenciales.