El incentivar la aplicación de un balance social o por el bien común en las organizaciones para acceder a la contratación pública y subvenciones, permitiría un cambio real en las empresas que lleve a una mayor sostenibilidad del sistema en lo económico, social y medioambiental.
Así mismo, se facilitaría a las empresas que demuestren su utilidad social mejorar su acceso a este tipo de contrataciones, frente a otro tipo de empresas que suelen ser las más beneficiadas.